• El PNRP empleó 1,930 personas para dar resultados, pero, en promedio, cada empleado instaló menos de dos medidores por semana.
• Si no se realizan cambios, el impacto económico para el pueblo hondureño podría ascender a L 90,186 millones para finales de 2025 durante cuatro años del actual gobierno.
Tegucigalpa, 16 de enero 2024. Con un presupuesto ocho veces más alto que el destinado a construcciones escolares y el doble del asignado al Hospital Escuela, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) ha fracasado en su objetivo, de acuerdo con una evaluación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) al desempeño y resultados de la iniciativa gubernamental durante el año anterior.
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional reveló este martes que las*pérdidas de energía eléctrica aumentaron en todas las regiones del país* y de forma exponencial en circuitos con pérdidas históricas.
El PNRP fue creado en 2022 para el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de la crisis financiera que durante años ha mantenido en números rojos a la empresa estatal, impidiendo que los hondureños gocen de un servicio de calidad a bajo costo y que sigue drenando los fondos públicos que podrían utilizarse en atender sus necesidades en sectores como salud, educación y seguridad.
Sin embargo, a pesar de contar con un presupuesto de L 8,738 millones y 4,628 empleados para reducción de pérdidas, la Estatal no ha logrado disminuir o aminorarlas. El informe de ASJ refleja que la ENEE cerró 2023 con las pérdidas de energía más altas de los últimos 18 años, pese a que el PNRP tenía la meta de reducirlas a 30.89 % para finales de 2023. En cambio, la cifra aumentó a 38.37 %.
En total, las pérdidas de energía para 2023 tuvieron para el Estado un costo de L 22,391.17 millones, monto suficiente para construir 13 hospitales, dotar de textos escolares a un millón 800 mil estudiantes por 35 años o construir cinco represas como El Tablón.
Por otro lado, el PNRP sólo ejecutó 22 % de las acciones de su propia meta para 2023. Entre las acciones dirigidas a usuarios residenciales, por ejemplo, solo se instaló y empezó el cobro de conexiones ilegales de 2,235 usuarios, cuando la meta eran 68,768. Con respecto a grandes consumidores, solo revisó las conexiones de 103 industrias, mientras la meta era 1,100. Además, El PNRP apenas instaló el 32 % de los medidores adquiridos en 2023.
Si la tendencia se mantiene, las pérdidas de energía podrían llegar a 43 % para finales de 2025. Esto equivaldría a un impacto acumulado de L 90,186 millones durante los cuatro años de este gobierno, sin tomar en cuenta el presupuesto infructuoso que se destina para reducir las pérdidas, lo que constituiría un desastre para las finanzas públicas y el pueblo hondureño.
Entre las falencias señaladas por ASJ figura que en los últimos años se creó una multiplicidad de actores, cada uno con su presupuesto y personal, trabajando para el mismo objetivo de reducción de pérdidas. Entre la gerencia de Distribución en la ENEE, el PNRP y la Unidad de Control de Distribución (UTCD) bajo el mismo fideicomiso que se pagaba el contrato de EEH, no se puede identificar quién responde por resultados y cómo se diferencian sus funciones. Los hondureños, con nuestros impuestos, pagamos por la existencia de cada una de estas entidades.
Desde ASJ, reconocemos la complejidad de este desafío. Instamos a las autoridades a revisar las estrategias implementadas, buscando enfoques más efectivos para lograr una reducción sustancial de las pérdidas de energía. Subrayamos que la eficiente asignación de recursos públicos puede asegurar servicios energéticos de calidad y accesibles para la población más vulnerable.
