• La Secretaría de Salud deberá contactar a cada paciente, de acuerdo a listado proporcionado por el HEU y el Hospital Mario Catarino Rivas, para asegurarse de que reciban este beneficio.
Con el apoyo de la mayoría de los 128 diputados, el Congreso Nacional aprobó este jueves en su sesión virtual un decreto orientado a implementar medidas de bioseguridad para garantizar la continuidad del tratamiento de hemodiálisis y diálisis a todos los pacientes con insuficiencia renal crónica durante la emergencia por la pandemia del COVID-19.
El decreto manda a que el Estado debe asegurarse de que todos los pacientes reciban el tratamiento correspondiente, sin discriminación para aquellos pacientes que hayan sido diagnosticados como portadores del COVID-19.
Para cumplir con lo anterior, la empresa responsable de prestar el servicio, debe contar en cada uno de sus 12 centros de atención con una sala exclusiva para atender a pacientes infectados o sospechosos de COVID-19, sin que éstos, ni el personal asignado a esta sala, tengan contacto con el resto de pacientes atendidos en cada centro, para lo cual se establezcan convenios con las alcaldías municipales para garantizar un espacio físico.
Para el acondicionamiento de estos espacios, las alcaldías municipales en donde operen los centros de atención, destinarán fondos de las transferencias del Estado en el presente Ejercicio Fiscal, ya sea para proveer el local adecuado para su instalación, o para colaborar en su acondicionamiento, incluyendo la posibilidad de renta de inmuebles.
De igual forma, el decreto ordena a que SINAGER facilite una o varias unidades de transporte, de acuerdo a la necesidad determinada, para el traslado de los pacientes con insuficiencia renal crónica hacia los centros en los que reciben su tratamiento de diálisis, servicio que debe ser prestado de manera gratuita para los pacientes.
Esta iniciativa fue presentada por el diputado Tomas Zambrano (PN), y acompañada por la mayoría de los diputados del Congreso Nacional.
¿Sabías qué?
Los pacientes con insuficiencia renal crónica, que ascienden a más de 3,200 a nivel nacional son atendidos en doce centros asistenciales para recibir su tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal a través del servicio prestado por el Estado por medio de una empresa privada
